Un fantasma recorre el mundo: la fiebre certificadora. A todo el mundo le ha dado por exigir certificados, por implantar obligaciones legales que exijan múltiples documentos para cualquier tipo de actividad. En este post no voy a profundizar sobre ello, pero que quede claro que dicha pandemia no es casual. Hay mucho de negocio (en el mal sentido de la palabra) detrás de esta tendencia. De negocio coaligado con intereses políticos, con lobbies, etc. Aún recuerdo lo del carnet de bloggero (¿es posible que la mema que lo sugirió siga cobrando de los Presupuestos Europeos). Sigo pensando lo mismo de entonces, que se certifiquen ellos. Para dar ejemplo.

La última es en referencia al certificado energético de viviendas obligatorio a partir del 2013. Otros 250 euros del ala como mínimo que van a salir de los bolsillos de los particulares vía decreto. Otro negociete para los amigotes vía BOE. Todo en aras del medioambiente, la protección al consumidor, y oh la la, la eficiencia. Pues digo lo mismo que hace tres años, que puestos a hablar de eficiencia que se certifiquen ellos para empezar. A continuación dejo algunas pistas, si les apetece hacerlo (que va ser que no).

Mi idea es que, puestos a proteger a ese adquirente de vivienda, no estaría de más que se certifique la eficiencia financiera de los municipios . Propongo que se valore el esfuerzo fiscal que suponen para los contribuyentes con propiedades en los mismos, que se tenga en cuenta que parte del gasto público va a inversiones y cual a gasto corriente, que se pondere el peso de su deuda, los servicios festivamente prestados, etc. A ver como son de de eficientes nuestros políticos y como les afecta ser valorados constantemente (y no me refiero a la broma de los Tribunales de Cuentas). Una letra bien clara. Ni un ayuntamiento sin su etiqueta colgando, como los crotales del ganado.

Por supuesto, dichos certificados deberían ser incorporados al proceso de compraventa o alquiler de inmuebles, para que los adquirentes sepan si van a caer en alguna suerte de agujero negro del gasto público y el descontrol municipal. Así, a dichos gestores municipales les resultaría más difícil captar nuevos incautos que financien los despropósitos. Recordemos que los ayuntamientos subsisten en buena medida gracias a todo lo relacionado con el ladrillo (licencias, plusvalías,ibis, etc) y los inversores se lo pensarían dos veces antes de cualquier desarrollo en dicho municipio.

Pero ahora que caigo, esto se parece mucho a las denostadas agencias financieras de rating, a las que estos mismos políticos no pueden ver cuando les ponen mal. Uy, a ver si algunos van a entender que se ataca la soberanía municipal. Para nada, aquí sólo estamos pensando en la eficiencia de los recursos públicos. Estoy seguro que gente tan preocupada por lo social no pude dejar pasar esta oportunidad.

En El Blog Salmón | Condicionando las ayudas a los ayuntamientos [por IC], Crisis y sostenibilidad fiscal



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